La Directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno dentro de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), docente e investigadora asociada en el Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda en la misma universidad, dialogó con AreaUrbana para esta nueva edición. El foco de sus trabajos de análisis académico se centra en la aplicación de métodos cuantitativos para monitorear y evaluar políticas y programas que pretendan generar impactos en la sociedad.
Guadalupe Dorna reflexionó sobre un tema que atraviesa a todos los municipios del país: Políticas Públicas. El momento que atraviesa Argentina, los desafíos de cara a lo que viene y más en esta entrevista.
¿Cómo ves al país en materia de iniciativas estatales respecto a otros países de la región? ¿Dónde crees que está el punto más fuerte? ¿Y dónde debería trabajar más intensamente?
Argentina experimenta un vaivén persistente entre ciclos de buenas políticas públicas con mala macroeconomía, o buena macro con políticas deficientes. Raramente logran estar en sintonía, lo que genera tensiones sociales muy fuertes y nos impide construir consistencia en el mediano y largo plazo.
A diferencia de otros países de la región, que encontraron formas de dominar la macro y construir desde ahí, nuestro país enfrenta la complejidad adicional de la “trampa de ingresos medios”. Tenemos una sociedad con demandas propias de sociedades desarrolladas, pero sin la capacidad productiva para sostenerlas. Partimos de un piso de derechos adquiridos históricamente muy superior al resto de América Latina, donde las sociedades transitan desde la exclusión hacia la inclusión. Aquí, cualquier ajuste implica recorte de derechos ya conquistados, lo que genera resistencia social particularmente intensa.
Lo que necesitamos es salir de la urgencia que parece siempre aquejar a Argentina para poder discutir las formas de llegar a los fines que gran parte de la sociedad comparte: desarrollo económico con inclusión social, educación que genere oportunidades, salud accesible y un país donde el esfuerzo se vea recompensado. Saliendo de la urgencia, al país se debe la discusión genuina de cómo alcanzar estas metas en las que coincidimos.
Las acciones municipales son el primer contacto con las políticas públicas que tiene el ciudadano, ¿cómo ves su rol en la actualidad?
Los municipios son el verdadero lugar de este tipo de iniciativas. Son los que mejor entienden las dificultades por su cercanía con el problema, pero muchas veces se encuentran aislados, poco capacitados y con falta de presupuesto para atenderlos.
Sin embargo, la tecnología y la digitalización están permitiendo que los Gobiernos locales trasciendan estas limitaciones tradicionales que exceden al contexto argentino. La evidencia internacional muestra que las intendencias implementan tecnología 2-3 veces más rápido que las estructuras centrales, con mayor tasa de éxito.
En Argentina vemos esto claramente, con municipios que están demostrando ser verdaderos laboratorios de innovación. Buenos Aires fue pionera en integrar WhatsApp gubernamental, Córdoba fue distinguida como Ciudad Inteligente 2021, y tenemos iniciativas como la Coalición de Ciudades para IA.
Su rol actual es fundamental, porque tienen tres ventajas competitivas estructurales que los posicionan como los verdaderos agentes de transformación del Estado: estructuras burocráticas más ágiles que permiten decisiones rápidas sin las trabas de la coordinación inter-jurisdiccional, feedback directo e inmediato de los ciudadanos que facilita ajustes en tiempo real, y escalas manejables que permiten experimentar e iterar sin generar riesgos sistémicos para el conjunto del aparato estatal.
La educación, salud y seguridad son grandes temas en cualquier toma de decisiones, ¿qué recomendaciones se pueden dar para cubrir de la mejor forma estos aspectos?
Primero, estos temas tienen que ganar relevancia política, tienen que ganarse el lugar que se merecen en la agenda y en la discusión pública. Toda nuestra atención está puesta, y no sin razón, en la economía, en la capacidad productiva del país, en la preservación de los puestos de trabajo. Una vez que se pongan sobre la mesa de discusión, una de las claves está en los datos y la evidencia que éstos generan, es decir, métricas claras de éxito que permitan activar dispositivos para corregir resultados.
En educación, sistemas de predicción de deserción escolar ya se aplican en Córdoba y Mendoza para identificar estudiantes en riesgo. En salud, la IA tiene un potencial enorme en la capacidad de asistir en el diagnóstico y la telemedicina con IA tiene efectos demostrados internacionalmente de reducir significativamente los reingresos hospitalarios, lo que baja los costos y descomprime el sistema de salud. En seguridad hay que ser cuidadosos: mientras la IA puede mejorar tiempos de respuesta, existe evidencia de amplificación de sesgos con lo que es un área en la que la tecnología debería emplearse con particular cuidado.
¿Cómo se articulan las políticas públicas con el sector privado? ¿Cuál es el rol de las empresas?
Las sociedades privadas aportan tres elementos críticos: capacidad tecnológica que el sector público aún no tiene internamente, velocidad de implementación e innovación constante. Aunque es importante mantener el control de los datos y la gobernanza.
La Ley 27.328 de Participación Público-Privada ya establece el marco, pero necesitamos protocolos específicos para IA que garanticen transparencia, eviten dependencia tecnológica y aseguren que las ganancias de eficiencia se traduzcan en mejor servicio ciudadano.
¿Qué importancia tienen los datos para la planeación de políticas públicas?
Son fundamentales por varios motivos. Primero, para guiar la toma de decisiones. Una vez establecida una meta de política pública cuantificable, es posible entender cuánto avanzamos hacia ella observando los datos intermedios que nos conducen a ese objetivo. Este seguimiento no hace otra cosa que permitir corregir oportunamente el curso de acción.
En segundo lugar, los datos dan espacio a compromisos públicos con la ciudadanía que contribuyen al accountability. Cuando un gobierno se compromete con metas medibles, se genera la presión necesaria para cumplir, lo que empuja a los hacedores de política a estar a la altura de lo que se proponen.
Por último, permiten no solo monitorear e informar, sino también evaluar, saber si lo que hacemos logra realmente los resultados propuestos. En este sentido, la evaluación de políticas públicas se vuelve imprescindible. Y la realidad es que en Argentina estamos en desventaja con otros países de la región como Colombia, Chile o México, que tienen una cultura más establecida sobre la relevancia de la evaluación en el ciclo de la política.
En este punto, creo que la IA vuelve a ser un catalizador de cambio que hay que saber aprovechar. Si bien las barreras para implementar evaluaciones van desde lo técnico hasta lo político y cultural, las posibilidades que brinda de analizar volúmenes y tipos de datos que antes hubieran requerido recursos y tiempos que la política no tiene, ahora se vuelven accesibles. Confío en que, puesta al servicio de la mejora en la calidad de lo público, la IA puede ser muy transformadora.
Se puede decir que la tecnología y la digitalización son fundamentales para las acciones estatales
La tecnología está transformando completamente el paradigma de las políticas públicas. Ya no hablamos solo de digitalizar procesos, sino de iniciativas aumentadas por IA que pueden predecir, personalizar y optimizar intervenciones gubernamentales.
Además, resuelve el problema de evaluación que mencioné antes. Los sistemas digitales permiten capturar métricas en tiempo real, generar tableros de control automáticos y hacer seguimiento continuo de resultados, algo que antes era prácticamente imposible con los recursos disponibles.
La digitalización democratiza el acceso a soluciones sofisticadas. Un municipio pequeño puede implementar chatbots con IA por menos de $1,000, acceder a analytics predictivos vía cloud, y usar plataformas de participación ciudadana digital. En Argentina vemos esto con BOTI, que comenzó en Buenos Aires pero ahora es un modelo que otros municipios pueden replicar y adaptar.
El rol futuro será de gobiernos anticipatorios: en lugar de reaccionar a problemas, usarán datos e IA para prevenirlos. Pero esto requiere marcos de gobernanza que aseguren transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos ciudadanos.
¿Cuánto incide la política “tradicional” (elecciones, partidos, ideologías, etc.) en la continuidad de las decisiones de un Estado (nacional, provincial o municipal)?
Un montón, lamentablemente. Pero creo que en muchos casos los partidos políticos y la sociedad coinciden en las metas de largo plazo, solo que tienen ideas tan distintas sobre cómo alcanzarlas, que terminamos divididos como población en lugar de construir juntos. Ahí es donde los datos y la evidencia pueden ayudarnos a ser menos ideológicos y sopesar opciones con base sólida.
Las iniciativas basadas en evidencia trascienden ideologías, porque se enfocan en resultados medibles. PROMETEA —un sistema de IA desarrollado por el Ministerio Público Fiscal porteño que automatiza dictámenes judiciales— opera exitosamente en municipios de diferentes signos partidarios, porque su valor es objetivamente demostrable: 99% de reducción de tiempo, 96% de efectividad. Los datos crean consensos que la retórica política no logra.
En el nivel municipal esto se potencia por dos factores: la presión ciudadana directa modera cambios drásticos porque los vecinos ven inmediatamente si los servicios mejoran, y la tecnología crea “lock-in” positivo —una vez que los ciudadanos se acostumbran a servicios digitales eficientes, es políticamente costoso eliminarlos.
La clave está en institucionalizar la evaluación con métricas claras y transparencia de datos. Cuando los resultados son públicos y medibles, la política tradicional tiene menos espacio para decisiones arbitrarias.
Finalmente, ¿cómo se evalúan los “resultados” de las políticas públicas implementadas en un municipio?
Esta es donde Argentina tiene su mayor oportunidad de mejora y donde los municipios pueden liderar. Necesitamos evolucionar de evaluaciones ad-hoc dependientes de la voluntad política hacia sistemas institucionales de monitoreo y evaluación basados en datos. Además, con tecnología, podemos ir más allá de evaluaciones retrospectivas hacia monitoreo en tiempo real.
La ventaja municipal es evidente: pueden implementar tableros de control en tiempo real, capturar feedback ciudadano inmediato vía apps, y usar sensores IoT para métricas objetivas. Un municipio puede saber en tiempo real si una nueva ruta de transporte reduce tiempos de viaje, si una campaña de reciclaje aumenta la separación de residuos, o si un programa social llega a su población objetivo.
Cada municipio debería tener un sistema digital integrado que capture automáticamente métricas de desempeño, permite comparaciones benchmarking con municipios similares, y publique resultados transparentemente. La clave es crear rutinas institucionales donde la evaluación sea automática, no excepcional, y donde los datos orienten ajustes continuos de políticas en lugar de cambios drásticos cada cuatro años.
Por GUADALUPE DORNA
