Ana Falú es arquitecta, pionera en América Latina en temas que se vinculan al derecho a la ciudad, la vivienda, los servicios urbanos y el hábitat.
La Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lanzaron una colección de manuales que promueven la transversalización de la perspectiva de género en todo el ciclo de la obra pública.
Se trata de cuatro documentos, de los que, el primero, trata la perspectiva de género en la obra pública; el segundo la sitúa en la infraestructura de cuidados; el tercero se centra en la vialidad y el transporte, y el cuarto en la infraestructura urbana y los espacios públicos. En diálogo con Área Urbana, la especialista explicó la importancia de los manuales que impulsó junto a ONU Mujeres.
¿Cuál es la necesidad detrás de los documentos de “La perspectiva de género en el ciclo de la obra pública”?
Su creación se dio en el marco del fortalecimiento en la sociedad de los derechos de las mujeres y diversidades. En particular, en relación con el empeño del Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP) en los últimos años de transversalizar la perspectiva de género en la obra pública para lograr mayores niveles de igualdad e inclusión en el sector. En este sentido, el MOP tuvo el acompañamiento técnico de organismos internacionales como ONU Mujeres y la UNOPS.
Los manuales fueron una propuesta pionera con pocos antecedentes a nivel global. Se asumieron como una política pública desde un ministerio considerado de los más duros por sus incumbencias y, por consiguiente, altamente masculinizado. Es un campo en construcción con una enorme capacidad de transformación, tanto desde lo simbólico, para modificar conductas machistas y discriminatorias, como desde la materialidad de las obras en todas sus escalas.
La necesidad de profundizar la perspectiva de género en la obra pública y en las obras de infraestructura se hace evidente por las dificultades y resistencias para desarrollar políticas de incorporación de mujeres y LGBTI+. Estas existen dentro de las estructuras burocráticas del Estado y en las organizaciones empresariales a pesar de los marcos normativos que las respaldan.
Se constató que existía una demanda real, tanto del personal técnico como de decisores políticos, de contar con herramientas que facilitaran la inclusión de acciones de género en las distintas fases del ciclo de la obra pública. En ese sentido, los manuales llenan una vacancia en ámbitos vinculados a la formación y reflexión teórica sobre las políticas públicas y su intersección con el género.
Los documentos contribuyen a instalar la temática de las infraestructuras con perspectiva de género en las agendas de otros ministerios y dependencias públicas, de gobiernos locales, de organizaciones empresariales y de la sociedad civil, como así también, de instituciones académicas.
¿Cuál fue el recibimiento de los manuales en los diferentes organismos?
El desafío era grande, implicaba abordar la materialidad de las obras y la cultura que atraviesa a un sector altamente masculinizado. En este sentido, los manuales se diseñaron para incidir en los cambios culturales y organizacionales necesarios para la construcción de ambientes laborales más equitativos, libres de violencias y discriminaciones y con mayores niveles de participación de mujeres y LGBTI+. Son un instrumento validado en las entrevistas realizadas al funcionariado del organismo. Estas transmitieron que tomadores de decisiones y/o responsables del diseño y ejecución de la obra pública, manifestaron ser permeables a la incorporación de la perspectiva de género, pero demandaban el “cómo hacerlo”.
¿Cuáles son los beneficios de garantizar la equidad de género en quienes trabajan en la obra pública? ¿Estamos lejos de lograrlo en Argentina?
Como ya mencioné anteriormente, es importante transformar la cultura de las organizaciones para promover espacios laborales más igualitarios y libres de violencia. También para que las mujeres incidan en la toma de decisiones en el ciclo de la obra pública. Es necesario aportar a las iniciativas desde la diversidad multicultural a nivel federal, que emergen desde las comunidades, los barrios y territorios en la demanda de mejores condiciones de vida, y de más ofertas de trabajo que equiparen las condiciones de varones y mujeres. Buenos ejemplos dan cuenta de nuevas oportunidades laborales para ellas en sectores altamente masculinizados, como la capacitación y trabajo en maquinarias pesadas de la obra pública.
Las mujeres quieren salir del trabajo informal, mal pago, sin seguridad social y sin beneficios. Quieren trabajar especializándose, subir a una máquina de obra, manejar una volqueta y hacer instalaciones eléctricas.
Por eso, la serie de manuales se constituye en un material estratégico en contextos como el actual, no sólo para el país sino también para la región. Estamos en momentos de amenazas de retrocesos de los avances ganados y estos son instrumentos que contribuyen a la igualdad de oportunidades.
En la actualidad, ¿se piensa la infraestructura urbana y los espacios públicos desde una perspectiva que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades vulneradas?
Tanto gobiernos como las propias comunidades u organizaciones sociales consideran la ciudad y sus espacios públicos desde una mirada androcéntrica. Es decir, imaginan un sujeto social universal representado en un hombre, blanco, joven, productivo y heterosexual.
Esto deja a muchos varones por fuera y a casi todas las mujeres y diversidades. Se invisibilizan sus demandas y necesidades, que son distintas y particulares en razón de los roles culturalmente asignados.
El diseño y la planificación de la ciudad omite también la visión multicultural y plural de la diversidad de identidades que cohabitan en el territorio federal y en la región. La obra pública puede y debe intervenir para promover la inclusión social y de género y reducir desigualdades. Es sobre estas asimetrías que los manuales quieren aportar.
La provisión de infraestructuras urbanas en los territorios definen las condiciones situadas de cada hábitat, el acceso a los servicios básicos tales como electricidad, agua y saneamiento, provisión de gas, conectividad y otras. Disponer de las infraestructuras adecuadas es clave para la calidad de vida y facilita la cotidianeidad, además de incidir en las condiciones ambientales. Cuando estas faltan, las familias las tendrán restringidas. Sin embargo, no sólo será carencia de agua o electricidad, sino en su educación, información y salud.
Las tareas y gestiones vinculadas al acceso al agua y el saneamiento recaen sobre las mujeres, como extensión de la asignación de las tareas de cuidado. Por tal motivo, si las familias tienen poco o mal acceso a estos servicios, son las mujeres las que compensarán la falta o encontrarán formas de contar con agua, que será sobrecarga de tiempo o en sus economías. Así, la planificación de la cobertura de la infraestructura urbana, sumada a la provisión de sistemas adecuados en áreas rurales como responsabilidad del Estado, es clave para poder programar las obras con criterios acordados y transparentes.
Para ello es necesario trabajar de forma interjurisdiccional, entre el gobierno central y los subnacionales, e identificar las situaciones críticas para poder darles una respuesta. También es central la participación de la población, de las mujeres en particular, no para resolver el servicio, sino para orientar desde sus prácticas y necesidades.
En el transporte y la infraestructura vial, ¿existe una mejor situación en cuanto a la diversidad de género en la proporción de trabajadores del sector?
Las infraestructuras de vialidad y el transporte son centrales en la vida de las mujeres. Si hay una bicicleta, una moto o un automóvil en un hogar, lo usan preferentemente los varones. Las mujeres son las que más usan el transporte público y recorren largas distancias para ahorrar el costo del mismo.
El transporte favorece el desarrollo económico y social de la sociedad y tiene un relevante papel en la generación de empleo en el sector, tanto en la operación del transporte público, como en el diseño de proyectos y la ejecución de obras.
Por lo tanto, emerge la necesidad de poner en evidencia la participación desigual de personas empleadas en el sector. En Argentina, las mujeres en el sector transporte y almacenamiento son el 10% (BID, 2018), cifra que está por debajo del promedio regional latinoamericano (Signorini, 2020). Lo mismo ocurre en los empleos de la construcción que incluyen las obras viales, donde la intervención de las mujeres es aún más baja y alcanza un 3,8%.
Dado que las mujeres poseen una menor proporción de licencias de conducir, estas usan menos las calzadas, autopistas o autovías. Y también es bajo el número de licencias profesionales para dirigir vehículos del transporte de cargas y pasajeros, lo cual reafirma la brecha existente con relación a la construcción simbólica de lo aceptado en la inserción laboral de las mujeres.
La conducción y manejo de maquinarias, camiones, colectivos o trenes es considerada una tarea masculina. Según la ANSV (2023), la participación de las mujeres en este tipo de licencias es casi nula, con sólo un 0,6% del total vigente a 2022.
El análisis de las brechas no incluye información detallada sobre LGBTI+ como personas usuarias de las infraestructuras de vialidad y transporte o como personal empleado en el sector, debido a la insuficiente información a nivel nacional y local desagregada por género. Por lo cual, se recomienda profundizar en la generación de estos datos, para asegurar así la amplitud del alcance de las políticas y acciones.
En vistas de tu trayectoria como arquitecta y activista, ¿cuáles crees que son los desafíos más próximos y urgentes en el sector en lo referido a género?
Es necesario entender las demandas diferenciadas de mujeres, diversidades y varones según la división sexual del trabajo, y al mismo tiempo, hacerles partícipes de la obra pública según sus necesidades. Asimismo, incorporar a las mujeres y diversidades a las dinámicas de la economía y el mercado que la obra pública impulsa.
Se deben generar nuevas oportunidades laborales. Este enfoque interpela la subvaloración de las mujeres y el rol asignado a ellas. Además coloca en agenda la vida cotidiana, doméstica y de cuidados que afecta a múltiples esferas (política, privada, pública, comunitaria).
La obra pública que incorpora la perspectiva de género cobra relevancia y se transforma en un instrumento de redistribución social que tiene en cuenta las condiciones de cada territorio. A su vez, se impulsa la agenda de igualdad de género, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de las mujeres y diversidades, y producir cambios culturales dentro y fuera de las instituciones.
Por Romina Toledo
