La interrupción de una obra estratégica pone a prueba la capacidad institucional del municipio para preservar información, gestionar proyectos y sostener la búsqueda de financiamiento. A partir de un caso en la localidad de Saladillo (Provincia de Buenos Aires), el artículo propone herramientas prácticas para fortalecer las capacidades de gestión.
Cuando una obra estratégica se interrumpe por falta de financiamiento, el problema no es únicamente económico. La interrupción también genera consecuencias administrativas, operativas e institucionales que dificultan su eventual reactivación. Esta situación suele presentarse en proyectos que exceden la capacidad financiera de los municipios, ya sea por su magnitud, por el impacto que generan en el entorno, o porque dependen del financiamiento provincial, nacional o internacional.
En términos económicos, el costo de la reactivación de una obra es mayor que el de haberla finalizado, debido a la actualización de precios y a los nuevos gastos operativos para ponerla en marcha. Además, otros condicionantes, como pueden ser períodos de alta inflación, en los cuales los precios dejan de representar el costo real, generan cuellos de botella administrativos debido a los procesos de redeterminación por los que atraviesa un contrato.
Ante estas situaciones, las acciones que se impulsen desde el gobierno local pueden convertirse en un factor determinante para preservar el proyecto, hasta que resurjan las condiciones para su continuidad.
El caso de la Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales de Saladillo, es un ejemplo representativo de lo anteriormente descrito. La documentación ejecutiva comenzó a desarrollarse en torno al año 2016, y atravesó diversas instancias hasta lograr su adjudicación en febrero de 2022, mediante licitación pública nacional. La obra implicaba la rehabilitación y optimización de estructuras existentes, la ejecución de nuevas unidades de tratamiento y mejoras en las condiciones edilicias del predio, en pos de atender el aumento de demanda originada principalmente en el crecimiento poblacional.
El contrato para su ejecución fue celebrado entre el Ex Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA) y la empresa TECMA S.A., y contaba con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El monto ascendía a $757 millones, equivalentes a USD 6,7 millones al tipo de cambio oficial vigente al momento de la firma. En cuanto al plazo de ejecución se estimaba en 42 meses, los cuales consideraban 30 meses para la construcción de la obra y 12 para la posterior operación y mantenimiento.
La paralización de la obra se produjo en noviembre de 2024, justo cuando se avanzaba con la instalación de nuevo equipamiento, que requería la interrupción del bombeo de la planta. Desde entonces, el municipio sostiene el servicio con un sistema de bombeo provisorio, que permite continuar la prestación, aunque el proceso de tratamiento de efluentes no sea óptimo.
Tras más de un año de inactividad, el contrato entre la empresa y Nación fue rescindido en abril de 2026. Al día de hoy, la obra registra un avance físico del 63%, entre obra civil ejecutada y equipamiento ya instalado.
Por otro lado, el BID advirtió, en su último reporte sobre el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores —el crédito que financiaba esta obra—, riesgos asociados a la paralización de proyectos, la generación de pasivos ambientales y sociales y las limitaciones en la capacidad institucional para gestionarlos. Además, entre los indicadores informados se encuentran “puestos de trabajo generados por las obras”, que pasaron de 422 en 2023 a 94 y 0 para 2024 y 2025 respectivamente, brindando una referencia concreta a lo que implica este tipo de interrupciones en la obra pública.
Desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, se manifestó el interés y la voluntad política de aportar los fondos necesarios para completar la construcción de la planta de efluentes, en tanto se resolviera el traspaso jurisdiccional de las obras.
Mientras tanto, el municipio mantenía diálogo con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación con el objetivo de solucionar la detención de la obra. En un principio, la propuesta de Nación responsabilizaba al gobierno local de terminar la obra, lo que implicaba una erogación estimada de entre $5.000 y $6.000 millones (más de USD 3 millones). Esa condición fue rechazada por el municipio.
Finalmente, entre municipio y Nación avanzaron en un convenio para el traspaso jurisdiccional de las obras, que a la fecha continúa en negociación entre ambas partes. El objetivo es cerrarlo en condiciones adecuadas a la capacidad de gestión y a las responsabilidades que asumirá la gestión municipal, con una firma que además está condicionada a la posterior aprobación del Honorable Concejo Deliberante.
¿Qué enseñanzas dejó esta experiencia?
Este caso permite observar dos cuestiones. La primera, conocer los plazos que implica llevar a cabo la construcción de una obra de esta magnitud, ya que desde la detección de la necesidad de mejoras y la mayor capacidad que necesitaba la planta, hasta la adjudicación de las contrataciones públicas, pasaron tres gestiones presidenciales.
En segundo lugar, analizar las actividades vinculadas a la gestión municipal que se ven afectadas con el paro de las actividades. El organismo encargado de los servicios sanitarios municipales debe continuar manteniendo el nivel de operación, atender los reclamos de los vecinos, y sostener el mantenimiento de las redes y de una planta de tratamiento con procesos precarios.
A nivel administrativo, los funcionarios deben tomar la iniciativa para dialogar con los organismos de Provincia y Nación reportando la situación e inconvenientes, y solicitar vía administrativa la reanudación de las actividades. Para ello, se requiere conocimiento intrínseco de la situación jurídica, contable y técnica de la obra para exponerla ante otras autoridades.
Cinco capacidades institucionales que sostienen una obra ante la interrupción del financiamiento:
- Preservar la memoria técnica del proyecto
Los mecanismos de gestión de las organizaciones más sofisticadas no se destacan por la tecnología, sino por la constancia de sus registros. Por más que la obra o proyecto se detenga, la carga de documentación no debe hacerlo. Esto no implica solo guardar pliegos y certificados de obra, sino dejar constancia de las decisiones técnicas, las modificaciones de proyecto y sus justificaciones.
Una carpeta de proyecto puede contemplar expedientes, planos, fotografías, capturas de pantalla de plataformas de gestión, documentos jurídicos y otros registros de avances. Además, se recomienda tener soporte digital y la realización de backups ante cada actualización.
- Fortalecer la capacidad administrativa del municipio
Es fundamental el involucramiento de los recursos humanos y el fortalecimiento de las capacidades para gestionar proyectos complejos. El uso o familiarización con las plataformas de contratación nacionales o provinciales permite entender el ciclo de los proyectos, la gestión de reclamos y/o de novedades. Las más usadas por el gobierno nacional son las plataformas de contrataciones “Compr.AR” y “Contrat.AR”, la de gestión documental nacional “Gestión de Documentación Electrónica” (GDE).
La administración puede solicitar vía nota la realización de capacitaciones en los sistemas de contratación, contables, jurídicos y de gestión de proyectos. El INAP es el encargado de capacitar a los empleados de la administración pública nacional, y posee una variedad de cursos cortos con diferentes modalidades.
- Gestionar las relaciones institucionales
Conocer a los actores y su interacción resulta clave cuando se trata de grandes proyectos. Las decisiones políticas de cada uno de ellos pueden condicionar el éxito de las obras públicas de gran impacto. Por eso, mantener el diálogo con organismos nacionales, provinciales, empresas, cámaras de productores y vecinos cercanos contribuye a desarrollar el proyecto, a informar la situación de la obra y a mantener una línea actualizada de acción.
- Preparar la continuidad operativa
Los servicios públicos esenciales son sensibles a la paralización de grandes obras, y más aún cuando se involucran al inicio o al final de un proceso (como es el caso de la potabilización del agua, desagües pluviales y plantas de tratamiento). Por ello, planificar la continuidad del servicio y su mantenimiento, desarrollar medios efectivos de comunicación con la comunidad, y evaluar qué hacer en caso de contingencias, mejora el flujo de trabajo y la asignación de los recursos humanos o partidas presupuestarias.
- Desarrollar capacidades para acceder a nuevo financiamiento
Esta capacidad prepara el proyecto para una futura reactivación y la captación de una nueva fuente de financiamiento. Para ello es importante conocer con qué información se cuenta, cuál es la documentación faltante y qué tareas se deben llevar a cabo para completarla.
Los organismos como el Banco Mundial o el BID presentan manuales exhaustivos para el desarrollo de la documentación vinculada a infraestructura pública; en cambio el financiamiento provincial y/o nacional suele requerir menos apartados, sin eximir que la documentación respete la normativa y jurisdicción vigente.
Más allá de las descritas, existen otras capacidades que refuerzan el desempeño estatal ante estos eventos como la gestión de riesgos, del conocimiento y la comunicación institucional, que posibilitan mitigar los riesgos que arrastran la jubilación del personal, los cambios de gestión y la falta de interacción entre áreas internas.
Conclusiones
La concreción de grandes proyectos de obra pública puede requerir plazos que se extienden a más de tres gestiones presidenciales. Ante este escenario, las prácticas que mejoran la resiliencia al cambio son fundamentales.
Además, la paralización de estos proyectos involucra no solo la merma en la calidad de los servicios públicos, impacta en el empleo de forma directa y en la reacción que deben tomar los municipios y actores involucrados.
Prepararse para estos escenarios no garantiza que una obra no vuelva a detenerse. Sin embargo, contribuye a preservar las capacidades institucionales necesarias para sostener el proyecto hasta que existan nuevamente condiciones para su continuidad.
La diferencia entre un municipio que sostiene un proyecto y uno que lo pierde, no es el monto de la obra, sino la capacidad para gestionarlo mientras está detenido.
ING. LOLA CISNEROS
