“En el país se han tomado decisiones improvisadas”

Oscar Oszlak, uno de los politólogos argentinos más prestigiosos, especialista en el análisis de la relación entre Estado y sociedad, dialogó con AreaUrbana sobre las causas de la improvisación en la ejecución de políticas públicas.

 

Su lucidez sorprende. Oscar Oszlak no acusa los 81 otoños transcurridos; sigue dando muestras de su inteligencia y vitalidad. Dicta clases de posgrado sobre administración pública y la relación entre Estado y sociedad en las universidades de Buenos Aires (UBA), de San Martín (UNSAM) y de San Andrés (UDESA), en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), de la Cancillería argentina. También está trabajando en su próxima obra: un ensayo que retomará, 25 años después, la trama de Merecer la ciudad, libro en el que analizó el desplazamiento de los sectores populares desde la ciudad de Buenos Aires hacia el conurbano bonaerense.

Doctor en Economía y en Ciencias Políticas, magister en Administración Pública y contador público, Oszlak ostenta una trayectoria vasta, extraordinaria, entre su formación, sus publicaciones y su desempeño como docente, investigador y consultor independiente. Fue subsecretario de Reforma Administrativa y asesor presidencial durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y recibió en 2009 una distinción de la Legislatura porteña como “personalidad destacada de las ciencias políticas, económicas y sociales” de la ciudad de Buenos Aires. En los últimos años, Oszlak se ha especializado en el estudio de un modelo de gestión estatal incipiente: la filosofía de Gobierno Abierto, en la que convergen la transparencia en la administración pública, la participación ciudadana y las tecnologías de la información y la comunicación.

En una entrevista con AreaUrbana, realizada en su departamento porteño con vistas al Río de la Plata, Oszlak discurrió sobre articulación de políticas públicas, modernización y urbanismo.

 

–¿Qué balance hace del proceso de descentralización de competencias desde la Nación hacia las provincias y los municipios, iniciado en los 90’s?

–Ese proceso estuvo motivado fundamentalmente por el deseo del gobierno menemista de desembarazarse de funciones que no podía cumplir adecuadamente. Todo proceso real de descentralización implica la transferencia de poder, de competencias y de recursos, a los gobiernos subnacionales, sean provinciales o municipales. En el país no se produjo una descentralización real: se transfirieron poder y responsabilidades, pero no los recursos. Además, se avanzó en una época en que los gobiernos provinciales –los primeros en recibir esas nuevas competencias– no estaban preparados para asumir esas responsabilidades. Yo fui testigo de esa situación porque llevé a cabo distintos proyectos de consultoría. No estaban dadas las bases para que las áreas educativas provinciales asumieran plenamente la tarea de administrar la educación, ni tampoco las de salud pudieran hacerlo debidamente. No hubo una real motivación de mejoramiento de la gestión pública a través de esa transferencia, sino que fue un intento de desembarazarse de responsabilidades de parte del Gobierno nacional sin la transferencia plena de los recursos y sin que se hubiera llevado a cabo la tarea de fortalecimiento institucional necesaria de las provincias. En la década siguiente, se dio un proceso de re-centralización, un fenómeno que también ocurrió en otros países, porque el Gobierno nacional intentó, en muchos casos con éxito, recuperar su papel en la orientación de las políticas públicas en todo el territorio.

 

–¿La descentralización era necesaria y se hizo mal, o no era un proceso indispensable?

La descentralización no era necesaria. Fue parte de una política impulsada en esos años por el Consenso de Washington, una decisión neoliberal que suponía que todo aquello que pudiera ser delegado por parte del Estado al sector privado y a instancias jurisdiccionales menores debía hacerse. Esa era la premisa, y encima se hizo en tiempo récord en el país. De alguna manera, se continuó con la política iniciada por la dictadura militar cuando llevó adelante la descentralización de la educación primaria. El menemismo completó la transferencia del resto de la educación (la secundaria y la técnica) y realizó la de la salud y de algunas otras áreas. Hoy, la educación representa alrededor del 50 por ciento de los presupuestos provinciales, y la salud, un 20 por ciento. Ese proceso supuso un incremento extraordinario de la cantidad de personal dependiente de los gobiernos provinciales, lo que les dio a los gobernadores ciertas posibilidades de manejo político de los cargos.

Nota publicada en AreaUrbana 66

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José Abel Autor

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