Si bien antes del resultado de las PASO los gobiernos locales eran una base de poder territorial muy relevante para los gobernadores y para los principales candidatos a la presidencia, luego del resultado de las elecciones del pasado 11 de agosto, la relevancia de los jefes distritales ha crecido exponencialmente. Tan es así que las reuniones más relevantes de los candidatos a gobernadores, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, durante las dos semanas posteriores a la elección no fueron con Mauricio Macri ni con Alberto Fernández sino que miraron hacia los candidatos que pelean por renovar o conseguir las intendencias.
El candidato a gobernador de la PBA del Frente de Todos Axel Kicillof practicó una suerte de reconocimiento para quienes, pese a mantener distancias en términos políticos e ideológicos, se han jugado por un proceso que ven ganador (el altruismo no es habitual en política). Apostaron por un triunfo conjunto para recobrar o revalidar el poder, dejando de lado el hecho de que la designación del candidato a gobernador haya provenido desde arriba porque, después de todo, el mismísimo candidato a presidente del espacio fue designado por su vice. El objetivo está puesto en conseguir o revalidar la mayor cantidad de intendencias posibles, la lucha por el poder real entre La Cámpora y los intendentes quedará para después de un hipotético –y bastante probable- triunfo. María Eugenia Vidal tampoco puede reprocharles demasiado a sus intendentes, ellos también resignaron en las PASO un importante caudal de votos obtenidos en las elecciones de 2015. En el conurbano bonaerense -esa suerte de maná de electores que puede encumbrar o enterrar las posibilidades de cualquier candidatura- se define una parte importante de las posibilidades y es allí donde hace tiempo ha quedado claro que se hace fuerte Axel Kicillof, reteniendo los votos de la ex presidenta y sumándole algunos propios. Las elecciones mostraron que la política con mejor imagen a nivel nacional puede caer frente a un candidato cuyo mayor antecedente es haber presidido el ministerio de economía de la Nación durante un período signado por magros resultados en términos económicos, imbuido en un perfil rockstar y embarcado en un auto compacto a través de un road trip por algunos de los kilómetros de rutas hechos por la actual gobernadora.
La función principal -por definición- de un municipio es brindar los servicios básicos y primarios de la comunidad. Simplificando, sería alumbrado, barrido y limpieza (ABL). Sabemos, de todos modos, que representan mucho más que eso y que abarcan funciones que exceden largamente ese postulado. Lamentablemente, muchos de ellos, se ocupan de cuestiones superfluas pero más visibles antes que ocuparse de que los vecinos puedan salir sin problemas de sus casas cuando llueve. Son también una agencia de empleo y retribución política para lo cual crean funciones superpuestas con el único fin de recaudar. Vale aquí una experiencia personal de algunos años atrás: un municipio bonaerense que limita con la CABA cobra una tasa por inspección de seguridad e higiene; lo curioso es que no hay ninguna normativa a cumplir al respecto y, por lo tanto, los agentes municipales se ocupan de visitar a los negocios para corroborar que se haya abonado la mencionada tasa de una inspección que nunca se va a hacer. Instrumentos tales como los presupuestos participativos -herramienta que cobró cierto auge en los años 90’- deberían recuperar dinamismo y servir para algo más que ser una plataforma para sectores corporativos en busca del favor gubernamental.
Si las elecciones del 2015 fueron las del auge de las redes sociales y la militancia digital, especialidad del equipo conformado por Marcos Peña y Jaime Durán Barba, queda la sensación de que las de 2019 se dirimen también en el boca a boca, en los grupos reducidos, en el convencimiento de los vecinos, sobre todo en aquellos lugares donde conservan cierta familiaridad entre ellos. La crisis que golpea los bolsillos de gran parte de los que vivimos en el país es achacada al gobierno nacional con relativa facilidad; el desafío ahora para el equipo de campaña del oficialismo nacional estará ya no puesto en explicar las razones de ello (es tarde para eso) sino en dejar en claro que votar con el bolsillo también implica hacerlo por JxC ya que se trata de ingresos futuros; la billetera del pasado ya no vuelve en el corto plazo, gane quien gane la elección. También le ha quedado claro al gobierno que solo con dotar de fuertes recursos al Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley no alcanza si el mensaje no llega a organizaciones barriales, sociales, intermedias, cooperativas, mutuales, clubes de barrio, y todas aquellas que tienen profunda raíz en el pago chico. Allí estará puesto seguramente el foco de la campaña para las elecciones del 27 de octubre que, formal o informalmente, ya han comenzado. Anclar el voto será el objetivo de algunos, remontar una cuesta difícil, el de otros; en lo que acuerdan unos y otros es que la macro campaña está lo suficientemente jugada como para lograr desde allí las modificaciones (o consolidaciones) necesarias, por lo cual la pelea que se avecina estará en el barro o, allí donde las obras se han hecho, en el asfalto.
AUTOR: Alexander Güvenel – Analista político. Comunicación institucional y empresarial, periodismo político y vinculación gubernamental-