El continuo crecimiento demográfico de las ciudades ha otorgado mayor complejidad a las gestiones de sus gobiernos locales, comenzando a recibir gran parte de las obligaciones del nivel nacional en el ámbito local. El desplazamiento desde lo rural hacia las grandes ciudades incubó el rediseño y la planificación para proveer adecuadamente los servicios básicos, de vivienda, salud, educación etc., poniendo énfasis en los esquemas conjuntos con sector privado y con el sector de cooperación externa, para afrontar las decisiones que conlleva una proyección a gran escala.
Acompañando al contexto del crecimiento urbano, el reto ligado a proporcionar servicios básicos adecuados e infraestructura constituye un factor fundamental para el desempeño económico de las ciudades y de su capacidad para proporcionar una calidad de vida mínima a sus ciudadanos. Los servicios más importantes que las ciudades proveen incluyen la red de transporte público, las conexiones agua, la contención sanitaria, electricidad, educación y una gama de servicios complementarios como limpieza de las calles, mantenimiento de los espacios públicos, parques, alumbrado público y una gran cantidad de cuestiones conexas, cuya falta o severa afección, inducen a transformar grandes áreas de muchas ciudades en territorios pobres con grandes asentamientos irregulares.
Las densidades poblacionales en las ciudades de bajos ingresos deben proyectarse de manera que el crecimiento futuro no presione sobre áreas municipales no urbanizadas y los servicios existentes, avivando la aglomeración y una expansión insostenible.
Los planes, programas y proyectos para las ciudades pequeñas y las ciudades emergentes fortalecen su rol como guías, apuntando al logro de futuros sostenibles ante el continuo avance sobre lo urbano. Sobre ello, el papel del sector privado, cuya búsqueda se basa en un horizonte rentable, aporta herramientas que confluyen en la eficacia de la planificación urbana y territorial, colaborando de forma imprescindible para atenuar los efectos sociales, económicos y ambientales negativos asociados con el futuro crecimiento urbano.
Para estos casos, las ciudades pequeñas comenzaron adicionalmente a utilizar diversas herramientas financieras que ofrecen algunos organismos internacionales con políticas de preservación del hábitat. Aunque aún no son plenamente aprovechadas por las grandes ciudades debido a su capacidad económica, son mecanismos de cooperación basados en préstamos para proyectos de inversión con alto impacto social y al menor costo financiero posible para la localidad. Estos préstamos a largo plazo, con tasas de interés inferior al mercado y vencimientos de baja incidencia sobre la deuda pública provincial y el presupuesto anual, resultan para las ciudades una caja de herramientas para la refacción de sus políticas de urbanización ante el aumento abrupto poblacional, incidiendo en instancias necesarias para nuevas obras y servicios públicos destinados al desarrollo territorial de la ciudad, sustentabilidad, energías limpias, creación de programas para el acceso a servicios de salud de calidad y hasta en algunas experiencias en proyectos para la bioeconomía.
La actuación articulada resulta ser un paso previo al aumento de la urbanización inclusiva y sostenible que acompaña un rumbo para la planificación y la gestión integrada, y cuyos logros potencian la colaboración entre el gobierno local, los actores claves del sector privado y organismos coordinadores en la cooperación. La ampliación de las capacidades son objeto para promover, planificar, proyectar, presupuestar y licitar obras públicas que sigan criterios de sostenibilidad y sobre todo fijen reglas que promuevan parámetros comunes. La adopción de estas herramientas ha dado cuenta de la mejora en la proporción de la población asentada en el radio urbano, que accede a la provisión de servicios al mismo tiempo que articuladamente accede a servicios de infraestructura.
Este trabajo conjunto, además de fortalecer a los gobiernos locales, permitió construir indicadores para la evaluación centrados en la sostenibilidad de las obras de infraestructura, permitiendo las tomas de decisiones fundamentadas en datos precisos y gestión eficiente en todo el ciclo de ejecución. Adicionalmente, se han mejorado los mecanismos de elaboración de pliegos para la licitación de obras públicas y de los procesos para incorporar progresivamente criterios de sostenibilidad, caracterizados centralmente bajo planes y propósitos de consolidación para la planificación urbana respondiendo eficientemente a las necesidades y características particulares de cada municipio en la demanda presente del futuro emergente.
Entre las experiencias más apreciables de financiamiento propuesto en el marco de los proyectos de planificación urbana sostenible e inclusiva en espacios públicos, sobresalen los municipios de la Ciudad de Zapala, la Ciudad de Rincón de los Sauces y varias locaciones de menor densidad poblacional, todas ellas de la Provincia de Neuquén, donde la colaboración junto distintos organismos públicos y de crédito internacional permitieron implementar mecanismos adaptables localmente en relación a la construcción colectiva de la visión estratégica en los procesos de planificación, diseño, licitación y gestión de obras, urbanizando a raíz del permanente crecimiento.
Lic. Martín Ryba
