Desde hace seis meses Federico Randle está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de San Miguel, aunque desde hace 10 años trabaja en la municipalidad. Allí, se ocupa del mantenimiento vial con cuadrillas municipales, en la contratación de obra pública, en obras de infraestructura y en la relación con las áreas de servicio.
Federico Randle tiene 33 años, es casado y con dos hijos. Es Ingeniero Civil de la UCA. Nacido y criado en San Miguel. Trabaja en el área de Obras Públicas del Municipio desde 2010. En 2016 fue nombrado Subsecretario de Obras Públicas y desde 2019 es Secretario de Obras Públicas.
¿Cuáles serán los principales desafíos de tu gestión frente a la secretaría de OP?
En cuanto al mantenimiento vial, tema que nos ocupa, apuntamos a un proceso de mejora continua. Queremos mejorar los índices de productividad y calidad de lo que producimos. En 2019 arreglamos 1.200 cuadras de ripio, construimos 39.000 m2 de bacheo de asfalto y 15.000 m2 de bacheo de hormigón. Lo invertido en provisión de materiales, es decir, asfalto, hormigón y cascotes, fue de 104 millones de pesos. En obra pública, hay objetivos muy claros: uno es el de generar obras a través del esquema de PPP que está tomando notoriedad. Para lograrlo, tenemos que buscar puntos de interés e intercambio con empresas que quieran emprender obras en nuestro municipio. Este año contamos con poco dinero, lo que nos obliga a agudizar la inventiva para generar obras. Otro camino es la obra por cuenta de terceros. Estamos realizando una obra de cloacas junto a Aysa, financiada un 30% por Nación mediante convenio y un 70% a través del propio municipio, que luego recuperará con aportes de los vecinos que pagarán a través de la boleta de Aysa durante 5 años. Una vez que se abre la oferta ganadora, se congela el monto que va a ser la deuda (en UVAS) que tendrá que abonar cada contribuyente. Aysa funcionará como el ente recaudador del municipio.
Lo estamos aplicando para cloacas, pero queremos ampliar el espectro. Por ejemplo, en San Miguel tenemos un déficit muy amplio de veredas, cuando te alejás un poco del centro se dificulta la circulación. Es una obligación de cada frentista (vecino) mantener su vereda, pero es una exigencia que mermó por parte del Estado y nosotros queremos que se reactive brindándoles facilidades para que lo vayan pagando en la tasa municipal durante algunos años. Es un proyecto con mucho potencial. Otro objetivo es hacer una evaluación de las necesidades en infraestructura para encontrar las mejores soluciones y que las obras tengan buen impacto en la vida de los vecinos invirtiendo menos dinero. También tenemos un déficit en movilidad y transporte. Buscamos reducir los tiempos de viaje, mejorar el confort y mejorar la seguridad y para hacerlo contamos con tres herramientas: infraestructura, señalética y legislación. Creemos que con poco dinero podemos generar intervenciones de alto impacto. Venimos de un retraso muy grande en infraestructura.
¿Cómo se encuentra el municipio hoy?
Hoy, los municipios absorben con sus recursos necesidades de la comunidad, pero estas resoluciones no son estrictamente su responsabilidad. Por ejemplo, el municipio invierte mucho en un sistema de seguridad que da muy buenos resultados, sin embargo, la seguridad es una responsabilidad de la Policía Bonaerense. También la Provincia debe ocuparse de la educación y, aun así, en 2019 San Miguel invirtió 140 millones de pesos en mantenimiento de escuelas. En salud, si bien nosotros tenemos un Hospital Municipal con coparticipación, asumimos una gran cantidad de gastos en los centros de Desarrollo Infanto Familiar que contienen a niños de 3 meses a 3 años. Son necesidades que los intendentes Joaquín de La Torre y ahora Jaime Méndez, tuvieron que afrontar y que implican un gasto importante del presupuesto municipal con recursos no previstos. Por eso, a veces las obras quedan relegadas. La situación de base -ya sea financiera o impositiva- es mala. También hay una deuda muy grande en infraestructura. Solo el 37% de la población tiene agua corriente, el 48% cloacas y aún quedan 2.300 cuadras de tierra por asfaltar (un 35% del total). Para pavimentarlas se necesitan 150 millones de dólares.
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