Dentro del conjunto de tipologías de obras desplegadas por el Ministerio de Obras Públicas, las vinculadas al cuidado son las que producen mayor efecto multiplicador en la economía, en comparación con las obras viales e hídricas. Según un estudio realizado por la Confederación Sindical Internacional en 2016, la inversión de 2 puntos porcentuales del PIB en industrias del cuidado genera aumentos en el empleo que van desde el 2,4% al 6,1% -dependiendo del tamaño de la economía y el grado de industrialización del país analizado-, además de incrementar la tasa de empleo de las mujeres de entre 3,3 y 8,2 puntos porcentuales, y de contribuir a reducir brechas de género. La infraestructura vinculada a salud, cuidados, educación y agua y saneamiento crean más del doble de puestos de trabajo en relación a otras obras de infraestructura.
Sabemos que la Argentina arrastra una deuda histórica. Según datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la inversión en obra pública en nuestro país está históricamente por debajo de la media de la región, que se considera baja de por sí. Pero sobre esa condición, se sobreimprime la caída abrupta de los años recientes que pasó de representar el 2,7% del PBI en 2015 al 1,1% en 2019, sumado a las consecuencias por la pandemia.
Al reunir ambos datos, la necesidad de un shock de inversión pública para encarar viejas deudas y brechas de infraestructura, con el efecto multiplicador positivo de las inversiones en infraestructura del cuidado sobre distintas variables de la economía real-y especialmente en materia de empleo- surge una hoja de ruta que permite establecer prioridades a la hora de orientar la inversión pública, tal como lo hace la gestiónactual.
En ese sentido, podemos destacar dos decisiones políticas inéditas tomadas por el Ministerio de Obras Públicas que reafirman lo antedicho: el Presupuesto con Perspectiva de Género (informe complementario del Presupuesto 2021 sobre el impacto en políticas de género del Ministerio de Obras Públicas) y la creación del Fondo de Infraestructura del Cuidado (que establece un piso anual de inversión del 8,5% del presupuesto de dicho ministerio del 2021 para garantizar obras de Infraestructura del Cuidado, con eje en infancias, salud y género).
En ambos casos se trata de políticas impulsadas y desarrolladas desde la Dirección Nacional de Transparencia y acompañadas por el Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. El mismo permite, por primera vez, que el ministerio cuente con información estadística sólida y confiable, como radiografía del territorio e insumo para la toma de decisiones.
Coyuntura, cuidado y COVID-19
Argentina tiene una tradición en políticas asociadas al cuidado -su seguridad social, su sistema de salud, las transferencias de ingresos- y, en esta agenda, la consolidación del cuidado como derecho es un paso decisivo en ese mismo camino. Según la Encuesta de Uso de Tiempo realizada por el INDEC en 2013, las mujeres dedican -en promedio- 6,4 horas diarias a trabajos no remunerados dentro del hogar, mientras que los varones destinan 3 horas menos por día. Ocurre que, en nuestra región -y Argentina no es la excepción- los cuidados son cuestiones que se resuelven en la esfera privada: quien puede paga por cuidados y quien no apela a ayuda intrafamiliar. La carga que representa el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados recae mayormente sobre las mujeres y genera fenómenos tales como la pobreza de tiempos y la feminización de la pobreza. A modo de ejemplo, casi el 90% de niñas y niños de hasta 2 años no asisten a un centro de cuidado infantil, y quienes los cuidan suelen ser mujeres (61,5%) (ENES PISAC-MINCYT, 2016). Se trata de una realidad histórica que se ha profundizado, y en algunos casos, ha colapsado a partir de la pandemia.
Muchos estados asumen que esta emergencia de cuidados, tan grave y atendible como la sanitaria o la económica, es también una oportunidad: la oportunidad de brindar una respuesta pública a un problema estructural, una respuesta que mejore la calidad de vida y el acceso a derechos, tanto de las y los que necesitan cuidados -niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera-, como de quienes los brindan -mujeres y niñas en particular-.Y, a la vez, genere un shock distributivo que impulse un espiral virtuoso a partir de la generación de empleo y la distribución de ingresos en los sectores más afectados.
Con ese espíritu, el Ministerio de Obras Públicas creó el Programa de Infraestructura del Cuidado, a través de la Resolución 252/2021, que apunta a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, tanto de quienes reciben cuidados como de quienes lo brindan. A partir de dicha Resolución, se construirán 300 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) a lo largo del territorio, que brindarán atención integral a través de actividades de cuidado, apoyo nutricional, juegos, preparación para la escuela y fortalecimiento de las familias a 28.800 niños y niñas, de 45 días a 4 años de edad inclusive, de las localidades más vulnerables del país.
Para dar impulso a la agenda y el debate de cuidados, desde la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas junto a la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, producimos una “Guía para la Acción, la Visibilización y la Sensibilización: 10 motivos para invertir en Infraestructura del Cuidado”. La producción de este documento, nutrido con aportes de la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se centra en la importancia de la infraestructura del cuidado para la reducción de las brechas de género, la garantía del derecho a los cuidados y la igualación de oportunidades en las infancias y las mujeres.
#Romanela Conte
(Directora de Integración de Políticas de Transparencia en Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas)
