La Argentina no es ajena a las dificultades emergentes del inframunicipalismo. Este fenómeno –acuciante en muchas naciones de Europa– se manifiesta en varias provincias del país, donde existe una gran cantidad de pequeños gobiernos locales sumamente dependientes de niveles superiores de gobierno, caracterizados por estructuras administrativas, poblaciones y presupuestos reducidos, lo que dificulta el ejercicio de las funciones demandadas por sus ciudadanos.
Múltiples razones explican el agudizamiento de este problema. Por un lado, la histórica incapacidad de gestión de una gran parte de los gobiernos locales argentinos, derivada del escaso desarrollo socioeconómico y del despoblamiento de sus territorios (factores que les impiden recaudar una masa de recursos suficientes para sostener una gestión eficiente). Por otro, la descentralización de numerosas funciones nacionales y provinciales al ámbito gubernativo local en el marco de los procesos de reforma del Estado, funciones que al presente los municipios continúan ejerciendo con recursos y atribuciones fiscales insuficientes.
En Europa, el problema del inframunicipalismo ha sido abordado de diversas maneras, muchas de ellas cuestionadas por su carácter drástico, entre ellas la fusión y/o la supresión de municipios considerados “inviables”. Para el caso argentino, caracterizado por la existencia de grandes extensiones territoriales, con escasa población y con elevados índices de subdesarrollo, ninguna de esas medidas se presenta como una solución aceptable.
El 80 por ciento de los municipios argentinos posee menos de 10 mil habitantes; sin embargo, solo el 35 por ciento ha optado por el asociativismo intermunicipal como estrategia para promover el desarrollo local.
Actualmente, casi todas las constituciones provinciales establecen mínimos poblacionales para la creación de gobiernos locales. Los límites fijados son en general muy bajos (entre 500 y 1000 habitantes, aproximadamente), situación que en la mayoría de los casos estaría justificada por el aislamiento geográfico que presentan las comunidades locales.
Una alternativa viable para solucionar la problemática descripta es la promoción de procesos asociativos municipales voluntarios y ascendentes, orientados a potenciar el crecimiento socioeconómico de las comunidades locales en un contexto competitivo global. Tradicionalmente, el Ejecutivo nacional no ha promovido el asociativismo municipal como estrategia para el desarrollo local. Respecto del fomento o de la regulación del asociativismo municipal en el ordenamiento jurídico provincial, solo 9 de 23 constituciones provinciales habilitan a sus municipios a constituir organismos intermunicipales, a saber: Buenos Aires, Corrientes, Río Negro, Chubut, La Rioja, Córdoba, San Juan, Entre Ríos y Neuquén.
Autor
Enzo Ricardo Completa
Doctor en Ciencias Políticas (Universidad Nacional de Rosario), máster en Ciencia Política y Sociología (FLACSO) y licenciado en Ciencia Política y Administración Pública (UNCuyo).
Docente y becario posdoctoral del CONICET.
ecompleta@uncu.edu.ar
Nota publicada en AreaUrbana 69
