Centenares de cooperativas prestadoras de servicios atraviesan un situación difícil por una combinación de problemas: algunos son históricos, como los marcos regulatorios, y otros, más recientes, como la actualización de las tarifas y la devaluación del peso. AreaUrbana conversó con dirigentes y asesores de esas empresas solidarias y presenta una radiografía del sector.
Escalada récord en el precio mayorista de la energía, atrasos en la actualización de las tarifas finales, morosidad en el cobro de facturas, marcos regulatorios nacionales y provinciales adversos, baja participación de los asociados en las asambleas y poca presencia femenina y juvenil en los consejos administrativos. Esa combinación de problemas da cuenta de la magnitud del aprieto que atraviesan actualmente las cooperativas de servicios públicos de la Argentina. Sin embargo, todas siguen en pie, dando en sus respectivas localidades prestaciones esenciales que ni los Estados, en sus distintos niveles, ni las empresas privadas han querido, o podido, brindar a millones de personas alejadas, en su mayoría, de los grandes centros urbanos del país.
Las cooperativas de este tipo de actividad surgieron en la Argentina a partir de la década de 1920 en distintas localidades como corolario del encuentro de vecinos que buscaban o contrarrestar los graves excesos de las empresas de lucro contra los usuarios o brindarse a sí mismos un servicio negado por el Estado y por el sector privado. Desde entonces y durante varias décadas, las cooperativas se multiplicaron en el país e incorporaron numerosos servicios: sus prestaciones pueden incluir electricidad, agua potable, saneamiento, gas, telefonía, internet, televisión por cable y sepelios, entre otras.
No hay estadísticas oficiales actualizadas ni confiables sobre la cantidad de cooperativas de servicios publicos existentes: las estimaciones van desde 600 hasta “más de 1000”. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que está bajo la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, anunció en abril último la puesta en marcha de un proceso de actualización de datos de cooperativas y mutuales. Todavía no hay información pública al respecto.
Además de brindar múltiples servicios en centenares de localidades de baja intensidad poblacional, el cooperativismo contribuye al desarrollo de las economías regionales: genera puestos de trabajo, aprovecha los recursos locales y da respuestas directas a las demandas de sus asociados.
Marcos regulatorios y tarifas
La distribución local de energía eléctrica ha sido históricamente la principal fuente de ingresos de las cooperativas multiservicios. Esto no significa que obtengan ganancias –dado que no persiguen, por su naturaleza, rentabilidad–, sino que, en muchos casos, les ha permitido sostener con esos recursos otros servicios deficitarios, como el agua potable y el saneamiento. En comparación con las que ofrecen un solo servicio, las cooperativas multiservicios tienen la ventaja de que pueden repartir sus gastos administrativos de funcionamiento entre las facturas de las distintas prestaciones. Además, se da en muchos casos una situación de subsidios cruzados entre los servicios de la misma empresa social.
Actualmente, el precio de la energía, fijado por la Secretaría de Energía de la Nación, está complicando seriamente las cuentas de la mayoría de las cooperativas. Entre los generadores de energía eléctrica del sector privado y las cooperativas median la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y, en general, empresas provinciales de energía. Al igual que el servicio del agua, el de la energía eléctrica está bajo la regulación de las provincias o, en algunos casos, como en Chubut, en Santa Fe y en Neuquén, de los municipios (que recibieron esa potestad de parte de su respectivo Estado provincial). Por ende, no hay un marco regulatorio homogéneo en todo el país. Cada provincia tiene la competencia sobre el servicio de energía y de agua: algunas la ejercen en forma directa y otras la delegaron, parcial o totalmente, a los Estados municipales (o comunales). En cambio, los servicios de gas y de telecomunicaciones están regulados por la Nación.
Nota publicada en AreaUrbana70
