Gestión eficiente de residuos eléctricos

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) poseen componentes considerados peligrosos, entre ellos, cadmio, plomo, níquel y mercurio; y, por ende, requieren un tratamiento adecuado para prevenir un impacto negativo en el ambiente y en la salud de las personas. Estos componentes coexisten con ciertos materiales valiosos, tales como hierro, cobre y acero, que son pasibles de reutilización y reciclaje en nuevos procesos industriales.

Cada vez somos más dependientes y consumidores de nuevas tecnologías, y este crecimiento en la demanda y en la producción de todo tipo de aparatos y dispositivos va de la mano con ciclos de vida cada vez más cortos de dichos productos, lo que se denomina obsolescencia programada.

En promedio, cada persona desecha en la Argentina cerca de 4 kilos de RAEE por año, lo que equivale a generar entre los 40 millones de conciudadanos unas 160 mil toneladas de RAEE. El problema de esas cifras reside en que, a nivel nacional, no existe un sistema que garantice una adecuada gestión de los RAEE. La mayor parte termina, junto con el resto de los residuos domiciliarios, en rellenos sanitarios o en vertederos a cielo abierto.

Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en la Argentina “no existe prácticamente ninguna infraestructura ni sistema formal para hacer frente a la basura electrónica y para gestionar este tipo de residuos. Cuanto más se retrase una solución al problema, mayor será la cantidad de residuos electrónicos acumulados a ser tratados, mayores los desvíos a rellenos sanitarios y mayores los costos de reparación ambiental”.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó en septiembre de 2017 al Poder Ejecutivo a que tome cartas en el asunto por considerar que es necesario contar con un sistema de gestión de RAEE que promueva la recolección diferenciada, la selección, el desmonte y la valorización de piezas pasibles de reutilización y reciclaje en nuevos procesos industriales.

Los programas de Gobierno Abierto de los distintos niveles de gestión (nacional, provincial y municipal) tendrían que incluir la gestión de los RAEE que se producen en cada jurisdicción.

Todo plan de gestión ambiental debe incorporar la responsabilidad extendida del productor (REP). Este concepto se trata de un principio político para promover mejoras ambientales a través de la ampliación de las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil y, especialmente, a su recuperación, reciclaje y disposición final. Esta definición refleja una tríada que fortalece la visión de la REP: “enfoque de prevención de la contaminación”, “pensamiento sobre el ciclo de vida” y “el que contamina paga”.

El abordaje de la dimensión ambiental basada en estos principios persigue dos objetivos principales: por una parte, promueve el diseño de productos que procuren el aumento de su vida útil y, por otra, incentiva la reutilización y la valorización de productos al final de su vida útil.