Es abogado. Dejó la comodidad de un estudio privado para dedicar todo su tiempo al desarrollo e implementación de políticas públicas dirigidas a la reducción del déficit habitacional. “¿Si me preguntan cómo llegué hasta aquí? Para empezar, decidí dejar a un lado la queja permanente e involucrarme en los problemas sociales, aprovechando la educación que mis padres me dieran, así como la oportunidad que Mauricio Macri me ofreció en su espacio político”.
Se llama Iván Kerr. Le gusta el fútbol, está casado, tiene 4 hijos y hoy, con apenas algo más de 40 años, reconoce que “aunque la función pública presenta constantes desafíos, también es satisfactorio ver resueltos los problemas de la gente”.
Ciertamente, tras la incorporación de nuevos cuadros técnicos en los últimos años, la Secretaría de Vivienda de la Nación ha venido presentando diversas soluciones habitacionales, así como también, dice Kerr, “con nuevas herramientas buscamos redireccionar la inversión e incentivar la demanda”.
En ese mismo contexto se enmarcan los recientes beneficios fiscales anunciados para desarrolladores inmobiliarios, en torno a los impuestos al Cheque, a las Ganancias y al Valor Agregado.
Hoy, aclara el funcionario, “un inversor que quiere vender un inmueble ya construido tiene que pagar el 33 % de Ganancias sobre el valor actual de ese inmueble, mientras que ahora ese monto (actualizado) se podrá reinvertir en un nuevo proyecto dentro de los próximos 24 meses o invertirlo en un fondo común de inversión inmobiliario, difiriendo siempre el pago de ese impuesto en el tiempo”.
Es decir, para el constructor “estamos hablando de la posibilidad actualizar los costos y para el lado de la demanda, estamos actualizando el importe de deducción”; mientras que el Estado dejaría de recibir unos $ 600 millones solo de Ganancias.
Por su lado, para los proyectos inmobiliarios nuevos, el 100 por ciento del impuesto al cheque (impuesto a los créditos y débitos bancarios) se podrá utilizar como un adelanto de Ganancias.
En tanto que en relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), para aliviar el capital de trabajo habrá una devolución sobre las nuevas construcciones mientras que por Ley del Presupuesto (Art. 92) y a partir de un estudio coordinado con Hacienda, “este año ya estábamos trabajando en el fomento a la inversión en nuevos proyectos inmobiliarios con una exención impositiva a la construcción de viviendas de 140.000 UVAs (algo menos de $ 5 millones) y la devolución del 10 % del precio final en concepto de IVA”.
En cualquier caso, según Kerr, “las propuestas fueron consensuada con el sector y pretenden incentivar a la industria de la construcción, sin perder de vista la reducción del déficit estructural y siempre actuando de forma trasparente y sin intermediación”. Asimismo, además, sentenció el Secretario de Vivienda de la Nación, “invitamos a las Provincias y Municipios a sumarse en esta línea, adhiriendo con regímenes de promoción fiscal y deducciones en sus tasas e impuestos”; porque “queremos que se construyan más viviendas pero que no sea el Estado el único capaz de hacerlo”.
¿Cómo reciben las Provincias este tipo de propuestas?
En general, bien. La mayoría entiende que debemos trabajar juntos por el bienestar de la gente, aprovechando las herramientas financieras modernas, así como implementando tecnologías y materiales sustentables.
No obstante, también debe reconocerse que es difícil cambiar los hábitos mal aprendidos, después de tantos años de vivir repartiendo de modo discrecional y poco transparente los fondos presupuestarios coparticipados desde el Estado nacional; Así, además de promover el acceso a la información y la transparencia como eje central de la gestión, estamos buscando mediante incentivos fiscales adecuados que las provincias y municipios adopten soluciones que con éxito se aplicaron otros países de la región. Al mismo tiempo, estamos reactivando la cadena de valor de la industria y promoviendo el empleo formal.
¿Puede comentar alguna otra herramienta innovadora?
Por ejemplo, proponemos que la “caja” del Fonavi apalanque créditos destinados a la construcción de viviendas, pues legalmente es posible armar así un Fondo de Garantía. De modo que, previendo una rentabilidad razonable, podríamos multiplicar los recursos de ese Programa, al emplear sus fondos como respaldo de préstamos a constructoras para financiar emprendimientos destinados a dar soluciones habitacionales.
¿En un proyecto nuevo, cuánto deberían representar los servicios?
Siguiendo las pautas Fonavi, estimativamente, la infraestructura no debiera ser más del 20 % de un proyecto nuevo. Caso contrario -como hemos visto en proyectos aprobados en gestiones anteriores adonde la infraestructura representa el 200%-, el proyecto es inviable y no los aprobamos.
Es decir, nosotros creemos que la plusvalía de los proyectos intervenidos por el Estado, deben quedar a favor del Estado o de la gente y no de algún vivo del sector privado que se beneficie directa o indirectamente.
¿Podría emplearse el régimen de Participación Público Privada (PPP) en la construcción de vivienda social?
Hemos visto que mediante el régimen de Iniciativa Público-Privada no se han generado proyectos para el desarrollo de la Vivienda Social. ¿Por qué? Porque ese tipo de regímenes demanda de cierta estabilidad de condiciones macroeconómicas, con tasas bancarias más razonables que permitan trasladar la inversión a una cuota hipotecaria. No obstante, la buena noticia es que tenemos una legislación aprobada y creemos que las PPPs serán una solución hacia el futuro, apenas aparezca una demanda sostenida para los proyectos de largo plazo. Sin perjuicio de ello, dentro del Plan Nacional de Vivienda hemos implementado un sistema público-privado donde la Secretaría solo aporta un 30% de la inversión y el resto se ejecuta con financiamiento intermedio. Tenemos en ejecución xx viviendas bajo esta modalidad.
