El Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) transita su segundo año de vida con un salto cualitativo en su ejecución respecto de 2016. Con el acompañamiento y el control del gobierno provincial, los 135 municipios tienen previsto desarrollar este año, en total, más de mil obras por un monto de 8.500 millones de pesos.
De la crisis en las cuentas públicas bonaerenses de fines de 2015 emergió una iniciativa novedosa, sumamente atractiva para los 135 municipios de la provincia: el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), una herramienta que ha permitido un fuerte crecimiento de la inversión en obras públicas en todo el territorio, una descentralización en la elaboración y en la ejecución de los proyectos, una distribución de los recursos sin discrecionalidad partidaria y, como corolario, el fortalecimiento institucional entre los gobiernos locales y el provincial.
En su primer día como gobernadora, el 10 de diciembre de 2015, María Eugenia Vidal alertó que la provincia de Buenos Aires se encontraba “quebrada, deficitaria y llena de deudas”, y reclamó a la Legislatura provincial el aval para solicitar financiamiento externo, rechazado en una primera instancia por los distintos sectores del peronismo. En el marco de la negociación entre los bloques de legisladores provinciales, en la que también intervinieron algunos jefes municipales, se acordó en enero de 2016 autorizar un endeudamiento anual de hasta 60 mil millones de pesos, en el que se comprendía –exigía– la creación de un fondo de infraestructura para los municipios por un monto de 7 mil millones de pesos.
Ninguna otra provincia argentina ejecuta una iniciativa similar al FIM, ni tampoco la de Buenos Aires lo había hecho previamente. Este fondo es innovador en múltiples facetas: en su objetivo central (el desarrollo de obras de infraestructura en toda la provincia), en la distribución de los recursos, en el proceso de ejecución de los proyectos y en el control tripartito entre los gobiernos locales, el Ejecutivo de Vidal y el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Los 8.500 millones de pesos previstos para este año en el FIM se distribuyen a cada uno de los municipios bonaerenses a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que es el mismo utilizado para el reparto de los fondos de coparticipación provincial. Por ende, la eventual afinidad o enemistad partidaria de los gobiernos locales con el Ejecutivo bonaerense no incide en la asignación de fondos. El CUD evita arbitrariedades, pero no es plenamente equitativo porque las variables que lo determinan (población, caudal turístico, capacidad potencial y per cápita de recaudación local y cantidad de efectores de salud, entre otros elementos, de cada municipio) están desactualizados, lo que hace que muchos municipios estén beneficiados o perjudicados. Los gobiernos locales favorecidos por el CUD no admiten públicamente esa condición; los damnificados lo expresan a los cuatro vientos. La reforma del CUD, pendiente desde hace lustros, dependerá de una discusión profunda entre todos los actores involucrados.
La Subsecretaría de Desarrollo de Infraestructura Local, a cargo de Luis Giménez, y la de Gobierno y Asuntos Municipales, liderada por Alex Campbell, son las áreas designadas por el Gobierno bonaerense para la reglamentación y la administración del FIM y para la negociación de las obras con cada uno de los municipios.
La ejecución del FIM de 2016 tuvo numerosos contratiempos y problemas. Lo admiten funcionarios del Ministerio de Infraestructura y de varios municipios, consultados por AreaUrbana. La puesta en marcha del programa y la transferencia de los fondos se demoraron y los controles de seguimiento de la provincia no fueron efectivos durante el año pasado. Además, los equipos técnicos de los nuevos gobiernos (locales y provincial), que habían asumido hacía pocos meses en la gestión pública, no estaban –en su mayoría– en óptimas condiciones, en cuanto a sus habilidades y conocimientos, para ejecutar con eficacia el FIM.
En noviembre de 2016, Edgardo Cenzón renunció a su cargo de ministro de Infraestructura bonaerense, y lo reemplazó Roberto Gigante. Ese cambio de mando le dio un salto cualitativo al FIM. Tras el “ajuste y ensayo” durante 2016, el gobierno provincial aceitó los procesos y los mecanismos del programa para facilitar y agilizar la ejecución de las obras y también para incrementar las instancias de seguimiento y control.
Aunque cada proyecto debe ser consensuado y aprobado por el Ejecutivo bonaerense, los gobiernos municipales tienen libertad para definir las obras de infraestructura que consideran más necesarias en su territorio, y son responsables de las licitaciones y de las adjudicaciones de las obras y de la administración de los recursos.
La descentralización en la ejecución del FIM, una de las fortalezas del programa, promueve el empoderamiento de muchos municipios bonaerenses que carecen de recursos propios para mejorar la infraestructura local: el fondo les permite la planificación y mejorar las capacidades técnicas de sus equipos. También beneficia al gobierno de Vidal: “El FIM es una herramienta fantástica para que los municipios puedan desarrollar obras menores y medianas. El Gobierno provincial no tiene la posibilidad de desarrollar esos proyectos de manera centralizada. Es un error pretender hacer todo desde un organismo central: hay que repartir las tareas. Nosotros somos socios con los municipios en la gestión, pero no somos cómplices de distribución. No tenemos de rehén al intendente por la plata, sino que lo hacemos partícipe del resultado que generamos para la gente. Entre los fondos de 2016 y de 2017, tenemos 451 obras terminadas, 662 en ejecución, 350 en licitación”, comentó el subsecretario Luis Giménez, que lidera los equipos a cargo del seguimiento de las obras.
La revista AreaUrbana fue elegida para estar en el encuentro realizado a comienzos de esta semana
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