La disminución de envíos de recursos provenientes de niveles superiores de gobierno —como las transferencias no automáticas o las transferencias asignadas a obras específicas—, sumado a la caída de la actividad y una menor cantidad de recursos coparticipables, genera que para cubrir ciertos gastos los municipios comiencen a diseñar nuevos gravámenes o aumenten a los ya existentes; sin que necesariamente estos tengan una contraprestación.
Puesto de manifiesto los atributos municipales consagrados en la reforma constitucional del año 1994, la fuente de ingresos por excelencia de los municipios en Argentina son los ingresos propios no tributarios, provenientes de fuentes no impositivas: las tasas, derechos, contribuciones, multas y otros ingresos definidos como integrantes del Tesoro Municipal en las Constituciones o Cartas Orgánicas. Si bien los gobiernos locales tienen plenas facultades de diseño y administración de esos ingresos, hoy la mirada se encuentra en la conveniencia paliativa o en la asfixia económica que podría ocasionar a sus contribuyentes.
Sobre la mesa se encuentran las nuevas tasas a determinados consumos y que además son de difícil percepción, como los combustibles, siendo que la mayoría de los gravámenes tienden a generalizarse y a formar parte de lo que el municipio ha encontrado como herramienta poco simpática en la instauración de nuevos tributos para sobrellevar la caída en los ingresos, por lo que todo indicaría que de seguir con niveles recaudatorios en baja, la presión tributaria a nivel provincial y municipal iría en aumento acompañado por un traslado a los precios.
Estas medidas controversiales garantizan a los gobiernos locales la continuidad en un intento por mantener cierto equilibrio en las arcas municipales, ya que esa resistencia social que podría verse como malversada por no contar con una contraprestación, no sería necesariamente un flagelo, sino más bien un tributo resistido, pero con la finalidad de mantener las economías y servicios locales enteramente al servicio de sus ciudadanos.
Algunos casos emblemáticos se pueden ver en el Municipio de Necochea, donde la necesidad de nuevos fondos ocasionó la suba del tributo vial rural, debido a que sus autoridades expresaron la necesidad de mantención en buenas y seguras condiciones de la red vial para la gran circulación de camiones; o el Municipio de Hurlingham, donde se creó el Fondo Municipal de Asistencia a Comedores y Merenderos para hipermercados y mayoristas, el cual consiste en la contribución del 1% de la facturación, ya que la demanda social en alimentos va en crecimiento, tanto para las familias como para provisiones a las escuelas; o en Almirante Brown, con la aplicación de la tasa por comercialización de envases no retornables para mantener la limpieza e higiene en espacios públicos; u otras como tasas de emergencia para entidades con gran volumen de facturación en función a aportes solidarios para la manutención en distintas áreas de servicio del gobierno municipal y que otros distritos han llamado Fondo Solidario de Inclusión Social; o finalmente, el Municipio de Azul, con la tasa por servicios esenciales, la cual ya tiene su capítulo judicializado, medida que trata sobre cada hectárea de tierra con el equivalente al valor de un litro de gasoil.
La controversia sobre que las tasas o gravámenes deben acudir solo en casos para la actividad y el patrimonio, donde algunos intendentes creen que crear nuevas tasas no es una solución potable porque empeora aún más las crisis municipales, haciendo referencia a la medida denominada tasa vial, la cual grava un porcentaje sobre los combustibles. Se teoriza que cuanto menor cantidad de tasas existan, la recaudación aumentará porque habrá más consumo, en contraposición con las posiciones que mantienen los que plantean que son medidas anticrisis, argumentando que la aplicación de nuevos tributos es un factor que agudizaría la recesión.
La profundización de la discusión es un nuevo paradigma que caracterizará una nueva época, en donde lo más sencillo será crear tasas para mantener los servicios en tiempo de crisis y lo más difícil será sostener el nivel de actividad sin dinero en los municipios, por lo que la agudeza de los gobernantes locales no debiera mirar hacia un lado o el otro, sino más bien debiera de congeniar entre todos los sectores un acuerdo multiactoral que contenga verdaderamente los aportes límites que no vayan en desmedro de ningún eslabón de la productividad o de los servicios locales.
Los niveles de la coparticipación entre los que más aportan y los que menos no debe ser un indicador para la creación de nuevos gravámenes, pero sí un indicador que refleje que en esos territorios se produce más y que el nivel de actividad es mayor, y que actúan como zonas privilegiadas.
Martín Ryba
