La Fundación Labor propone el proyecto de la reforma legislativa en la Provincia de Buenos Aires, la cual buscará establecer una legislatura unicameral. Se trata de una iniciativa que tiene el objetivo de modernizar y optimizar el funcionamiento del Poder Legislativo en el distrito más grande y políticamente influyente del país.
Esta transformación estructural promete, no solo una reducción significativa en los costos operativos del Estado, sino también un proceso de sanción de leyes más ágil, dinámico y transparente, eliminando trabas burocráticas que muchas veces han retrasado decisiones clave para el desarrollo provincial. Derivando a un ahorro estimado de $180.000 millones anuales, la iniciativa plantea redirigir estos recursos a sectores estratégicos como educación, salud, infraestructura y seguridad, abordando problemáticas urgentes y mejorando la calidad de vida de millones de bonaerenses.
A su vez, otro proyecto que se ha presentado es la transformación que se debería hacer en el sistema electoral con la eliminación de la ‘lista sábana’. De esta manera, aparece la boleta única como otro eje fundamental de esta reforma, con el objetivo de fortalecer la transparencia electoral, optimizar el uso de los recursos públicos y minimizar las irregularidades en los procesos democráticos. Este cambio podría representar un avance sustancial en la lucha contra las prácticas clientelistas y garantizar una mayor equidad en la contienda electoral.
En este panorama, AreaUrbana le realizó una entrevista exclusiva a la directora ejecutiva de la Fundación Labor, Alejandrina Chichizola, quien aportó su visión sobre los beneficios del proyecto presentado, el cual detalla cómo este nuevo esquema legislativo puede garantizar una representación más efectiva, fomentar una democracia más participativa y generar un impacto positivo en la elaboración de políticas públicas.
Según los impulsores de la reforma, Buenos Aires y las provincias que mantienen la bicameralidad enfrentan desafíos similares y buscan estructuras gubernamentales más eficientes, accesibles y acordes a las necesidades de la ciudadanía. La discusión sobre la unicameralidad, no solo abre un debate sobre la modernización institucional, sino que también plantea una reconfiguración profunda de la política argentina en su conjunto.
¿Cuáles son las ventajas de una legislatura unicameral?
Una legislatura unicameral ofrece múltiples beneficios alineados con la necesidad de una gestión pública más eficiente y transparente. En primer lugar, implica un ahorro económico significativo al reducir la estructura legislativa, eliminando la duplicidad de funciones y disminuyendo costos operativos asociados a salarios, asesores y mantenimiento del cuerpo legislativo.
Además, agiliza el proceso de sanción de leyes, evitando que los proyectos queden estancados en debates prolongados entre cámaras. Con una sola instancia de discusión, la toma de decisiones se vuelve más dinámica, respondiendo con mayor rapidez a las necesidades de la sociedad.
Otro punto clave es la transparencia y el control ciudadano. Un sistema legislativo más simple y directo facilita la fiscalización por parte de la ciudadanía y los organismos de control, reduciendo la burocracia y haciendo más accesible la actividad parlamentaria. Esto fortalece la confianza en las instituciones y reduce la posibilidad de maniobras políticas que entorpezcan el proceso legislativo.
¿A cuántas bancas quedaría reducido y cuánto se ahorraría?
Actualmente, la Legislatura bonaerense está conformada por 138 legisladores: 46 senadores y 92 diputados. Con la reforma hacia un sistema unicameral, se estima que el número de bancas podría reducirse entre un 30% y un 40%, optimizando la representación sin afectar su eficacia.
Desde el punto de vista económico, esta modificación representaría un ahorro anual estimado a 2024 en $180.000 millones, fondos que podrían ser redirigidos a áreas prioritarias como educación, salud, infraestructura y seguridad.
Buenos Aires tiene el presupuesto para el poder legislativo más alto del país, duplicando al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es 8 veces más alto que el de la provincia de Córdoba. El gasto anual de un legislador cordobés es de 470 millones de pesos y el de uno de Buenos Aires tiene un promedio de 2100 millones de pesos. Esto contrasta con una provincia que, además, se ha vuelto sistemáticamente deficitaria en lo fiscal y en las obras que necesita para progresar, marca la necesidad evidente de implementar con urgencia medidas que redireccionen esos recursos hacia áreas que son prioritarias.
El ahorro estimado de los $180.000 millones de pesos provendrían por un lado de los $124.000 millones de la eliminación del Senado provincial y otros casi 60.000 millones si se logra reducir en un 35% los gastos de la Cámara de Diputados.
De esta forma, la Provincia de Buenos Aires podría contar con más fondos para hacer frente a inversiones en infraestructura como obras en rutas necesarios para impulsar la producción local.
¿El ahorro de “políticos”, puede trasladarse directamente a beneficios para la comunidad?
La reducción del gasto político no es solo una medida administrativa, sino que puede generar un impacto directo en la calidad de vida de los bonaerenses. Por ejemplo, con los $180.000 millones ahorrados anualmente, podría financiarse:
- La construcción de nuevas escuelas y hospitales, mejorando el acceso a la educación y la salud. La compra de aproximadamente 3.500 patrulleros, fortaleciendo la seguridad en municipios con altos índices de criminalidad.
- La repavimentación y mantenimiento de cientos de kilómetros de rutas estratégicas, beneficiando la conectividad y el desarrollo productivo regional.
Lo más relevante es que este ahorro se mantendría año tras año, permitiendo una planificación a largo plazo que priorice inversiones de alto impacto social y económico.
¿Estaría garantizada una representación legislativa eficaz?
Si la eficiencia y representación en un sistema unicameral estarían garantizados. La unicameralidad no afectaría la representación legislativa. Sin embargo, diversos estudios y experiencias en otras provincias indican que la eliminación de una cámara no compromete la representación, siempre que el sistema se estructure adecuadamente.
Un modelo unicameral puede garantizar el equilibrio entre representación territorial y proporcionalidad, asegurando que todas las regiones y sectores de la sociedad tengan voz en el proceso legislativo. De hecho, muchas de las provincias argentinas ya funcionan con este esquema sin inconvenientes.
En este modelo, una parte de los legisladores se elige por sección electoral, y otra, por distrito único; de esta manera, se logra una representación más equilibrada y efectiva tanto del pueblo como de las distintas regiones de la provincia.
El sistema unicameral moderniza el sistema, permite alinear los gastos con un modelo más sostenible, muestra un compromiso con la austeridad sin resignar la representación y calidad legislativa.
¿Este cambio se puede ver en otras partes de Argentina y cómo se da en otras partes del mundo?
En Argentina, 16 de las 24 provincias ya han adoptado un sistema unicameral, con resultados positivos en términos de eficiencia y costos. Un caso destacado es Córdoba, que implementó este cambio en 2001 y ha logrado una notable simplificación en la gestión legislativa.
El ejemplo de Córdoba nos puede servir de guía para esta reforma. El mismo se realizó luego de un primer rechazo de las fuerzas políticas que derivó en un plebiscito que obtuvo un apoyo contundente por parte de los cordobeses. Esto permitió pasar de un sistema bicameral con 133 legisladores a uno unicameral con solo 70, 44 de los cuales se eligen por el sistema proporcional D’Hont y los otros 26 de manera uninominal, uno por cada uno de los 26 departamentos en los que se divide el territorio provincial.
El que Buenos Aires logre la unificación, ¿podría llevar a que el resto de las provincias también lo hagan?
La Provincia de Buenos Aires, por su tamaño e influencia en el país, podría convertirse en un caso testigo de éxito para otras jurisdicciones. Su peso político y económico la posiciona como una referencia, y si la reforma demuestra mejoras en eficiencia y ahorro, podría inspirar a otras provincias a seguir el mismo camino. Uno de los objetivos es convertir a la provincia en ágil y pujante, que acompañe y lidere el cambio que nuestro país necesita.
Implementar una legislatura unicameral en la Provincia de Buenos Aires sería coherente con la tendencia nacional, y con varias provincias argentinas -más de la mitad-, que ya han adoptado este sistema. Las 8 provincias argentinas que todavía mantienen la bicameralidad además de Buenos Aires son Salta, Catamarca, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
¿Cómo estos cambios benefician a los municipios en su gestión?
Las reformas legislativas, no solo tienen efectos a nivel provincial, sino que impactan directamente en la gestión de los 135 municipios bonaerenses. Un sistema más ágil y con menores gastos políticos, permitiría redistribuir recursos hacia necesidades locales, promoviendo una administración más eficiente y alineada con las demandas ciudadanas. Además, muchos municipios ya están impulsando iniciativas en la misma dirección, buscando mayor transparencia, reducción de costos y mejora en la gestión pública.
La propuesta presentada de la boleta única, y ahora este proyecto para la unicameralidad, son una respuesta a la clara demanda de la sociedad para reducir el costo político, mejorar la transparencia del Poder Legislativo, electoral y lograr una representación que sea más efectiva con menor costo para el estado.
Es una oportunidad histórica para la provincia de Buenos Aires de llevar a cabo una reforma política e institucional que responda a las demandas de la sociedad y siente las bases para un futuro más próspero y equitativo.
La boleta única y una legislatura unicameral son pasos concretos que reducirían los costos de la política, mejorarían la transparencia electoral y lograrían una mejor representación ciudadana.
Estas reformas, no solo actualizarán el sistema político provincial, sino que también tendrán un impacto positivo en la economía y el tejido social, acercando la política a la gente, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo la confianza en las instituciones. En síntesis, reducir los costos de la política y eliminar privilegios innecesarios.
Mónica Arroyo
